Memorias

Sin rodeosLas provocaciones a los estibadores

Las lamentaciones que algunos sectores de la patronal canaria plantean en torno a la huelga de los estibadores y la pérdida en millones de euros que, según afirman, ocasionan los paros, no han ido acompañadas de ninguna iniciativa empresarial para que las negociaciones se agilicen y propicien un acuerdo que también evite "el catastrófico" desabastecimiento que la avariciosa patronal canaria además augura. Tampoco el Ejecutivo español, tras aprobar el decreto que desencadenó el conflicto, ha hecho mucho. Al contrario, el portavoz parlamentario del PP en Madrid, hecha gasolina al conflicto insultando gravemente al colectivo de trabajadores con adjetivos y descalificaciones irreproducibles. ¿Son conscientes unos y otros que con su proceder están propiciando un enconamiento del conflicto? El denominado Estado de derecho, sustentado también en el respeto y cumplimiento de los acuerdos consolidados y libremente pactados entre las partes, obligan legal y moralmente al gobierno y a la patronal, lo que les debe llevar, de inmediato, a asumir los actuales derechos laborales y sociales de los estibadores, incluida la subrogación futura del conjunto de los puestos de trabajo, reivindicación esta que motiva ahora el conflicto laboral.

oramas y montoroLa felicidad de Oramas y Montoro, y el sufrimiento de los trabajadores canarios.

Con carácter global, los Presupuestos Generales del Estado aprobados por el Congreso dan continuidad a la campaña de recortes laborales y sociales auspiciada en los últimos años por el Partido Popular para el conjunto del Estado español, pero además dan un balón de oxígeno y consolida en el Gobierno a Mariano Rajoy, adalid, junto a su grupo político, de la actividad política ligada a la corrupción y al enriquecimiento ilegal.

 

Tanto Coalición Canaria como Nueva Canarias, por más que se esfuercen el justificar el apoyo dado a Rajoy en razón al rédito logrado, se han convertido así en reos del sufrimiento social que continuará prolongando la actual mayoría parlamentaria en forma de leyes lesivas para los derechos de los trabajadores, la asfixia de los servicios públicos y contra las libertades públicas. Además, está por ver el nivel de cumplimiento de lo pactado.

En lo que afectan a Canarias, los presupuestos respaldados por la mayoría parlamentaria inciden en olvidar a la mayoría social (los trabajadores) para volver a quebrar la justicia social en el destino de las inversiones a quién más la necesita y a los sectores más castigados por el desigual reparto de la riqueza, situación esta que coloca a Canarias en niveles de drama social. El desaforado triunfalismo con el que el gobierno canario y los grupos de Coalición Canaria y Nueva Canarias han anunciado su pacto con el PP que, dicen, destina a Canarias inversiones complementarias nunca antes logradas, tras su análisis, no van a modificar substancialmente la situación de desempleo, pobreza o bajos salarios que afectan a las islas. Al contrario, la distribución económica adelantada por los propios firmantes, mayormente, beneficiarán, vía directa o indirecta, a los sectores económicos y empresariales.

Se da la circunstancia que en materia de empleo, el acuerdo entre el PP y los autodenominados "nacionalistas canarios", y según el propio ejecutivo de las islas, destina a promoción laboral la ridícula cifra de 42 millones de euros frente a 219 para carreteras, para a continuación centrar el resto de inversiones, aparte del abaratamiento de los billetes aéreos y terrestres, a transportes de mercancías y bonificaciones a las cuotas de la Seguridad Social.


Por otra parte, el anuncio de disponibilidad complementaria de 220 millones de euros, anunciada por la consejera de hacienda del Gobierno canario que, según afirma, serán destinados mediante la ley de crédito extraordinario a la financiación de los servicios públicos, no presupone que su destino vaya a ser el correcto y que, por ejemplo, vaya a tener como objetivo el recuperar la importante pérdida de empleo que han sufrido los servicios esenciales o, a devolver los derechos laborales hurtados a los y trabajadores públicos.

Intersindical Canaria reitera su crítica al Ejecutivo canario por afirmar que con lo pactado con el gobierno español, queda igualada la inversión por habitante al conjunto de las comunidades del Estado, afirmación esta irresponsable porque, aparte de incierta, hipoteca la exigencia de la devolución de la deuda histórica que aún tiene contraído el Estado con el País Canario. Por otra parte y en el apartado eminentemente estético, las imágenes de los encuentros entre los representantes de CC y NC con el gobierno del PP, resultan lamentablemente bochornosas y ofensivos para los canarios.

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