Más que palabras

15.5.2019

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15.5

 

 

 

breve laboral

Breve laboral

 

EL AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS PRESCINDE DE LA EMPRESA PI-RATA RALONS

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria rescindió el contrato de limpieza de escuelas y centros formativos a la empresa Ralons, después de que debiera hasta tres salarios a sus trabajadores. El Ayuntamiento aprobó esta medida de emergencia para los centros públicos de Educación Infantil y Primaria de la ciudad, las sedes de la Uni-versidad Popular, las sedes de la Escuela Municipal de Educación Musical y los cen-tros de promoción sociocultural adscritos a la sección de Educación, que pasaran a manos de la empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC).

 

La MITAD DE LAS HORAS EXTRAS NO LAS ABONA EL EMPRESARIO

Según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), en el Estado espa-ñol hay 797.000 trabajadores que realizan horas extra en sus trabajos (el 4,8 % del to-tal de asalariados), de los que casi la mitad no cobra ni cotiza por ellas. A partir del día 12 de mayo, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social comenzó a comprobar si las empresas cuentan con un registro de jornada.

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EL TRASTORNO DEPRESIVO DE UNA MÉDICA RECONOCIDO COMO ENFERMEDAD PROFESIONAL

Una sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 5 de Las Palmas de Gran Canaria ha dictaminado que el trastorno depresivo que motivó la baja de una médica del Servicio Canario de Salud tiene su origen en las condiciones laborales de la de-mandante y, más en concreto, de la sobrecarga de trabajo. La trabajadora denunció atender un promedio de 50 pacientes al día. Las consecuencias del fallo son el incre-mento de la prestación que recibe la demandante del 60% al 75% por contingencia profesional. Además, abre la puerta a recibir una posible indemnización.

 

ACUERDO SINDICAL CON CAIXABANK

Con unas dos mil extinciones forzosas y movilidad geográfica, la mayoría sindical firmó un acuerdo estatal con la dirección de Caixabank que deja en manos de la Empresa los criterios para proceder al libre traslado de los trabajadores hasta a una distancia de 75 Km (inicialmente 25 Km) de su anterior puesto de trabajo. La entidad negoció un ERE con la Empresa que afecta a 2013 trabajadores del conjunto del Estado.

Memoria


Sin rodeos

Otro charrasquido del gobierno y sus figurantes sindicales

Con la tardía recuperación de la jornada laboral y la reducción horaria de los trabajadores de la  Sanidad y la Educación pública, el gobierno de Clavijo se vuelve a retratar mostrando su verdadero perfil mezquino y fullero. Es sobradamente conocido que desde que se implantase la prolongación de la jornada laboral en el sector público, Intersindical Canaria, frente a la desgana del resto de sindicatos, ha mantenido en solitario la presión para exigir del Gobierno canario la restitución de este y otros derechos hurtados a los trabajadores. La teatralización de la firma del “acuerdo” entre el presidente Clavijo y las direcciones de los sindicatos godos CC.OO, UGT y CSIF, por la que los trabajadores públicos recuperarían su jornada laboral, resulta una escenificación bufa de malos actores que suplantan el mérito ajeno, para lo cual, además, el Gobierno prescinde ilegal y descaradamente de la organización mayoritaria en el sector público y veta la presencia de Intersindical Canaria como verdadera artífice de la capitulación gubernamental. Una vez logrados nuestros objetivos en favor de los trabajadores, auguramos tras esta farsa una nueva caída en la ya precaria credibilidad de Coalición Canaria y de sus escuderos sindicales.

 

ciudad de la justicia 2La Sala de Lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha ratificado la sanción impuesta al Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia nº Siete de Las Palmas de Gran Canaria, 3000 euros de multa, por el trato desconsiderado con el que trataba a los funcionarios a su cargo, así como a profesionales y ciudadanos. Ese comportamiento fue calificado como una falta grave prevista en los artículos 468 bis 2 de la LOPJ y 155.8 del ROCSJ.

En los Fundamentos de Derecho 1, 2 y 3 de la referida sentencia se hace constar que el Letrado de la Administración de Justicia se dirigía a una compañera nuestra con expresiones tales como “me importa una mierda cuando haya hecho usted la estadística”, “parece usted tonta”, parece una paleta de pueblo” o “gilipollas”, todo ello gritando”. “Usted aguantará todo lo que tenga que aguantar, porque está aquí por el bolsillo”. “¿dónde cojones estaba usted metida? ¿qué mierda ha estado usted haciendo hasta ahora?”.

 

En ese mismo sentido, el tenor literal del 4º Fundamento de Derecho es el siguiente: “En la oficina judicial y en voz alta con carácter general se utilizó por el Sr. Letrado de la Administración de Justicia expresiones como “me suda los cojones”, “joder”, “me suda la polla”, “todos son una manada de gilipollas, incompetentes, funcionarios interinos de mierda, que el sistema judicial es una puta mierda”, los que están en el juzgado no sirven, sobre todo las mujeres, son una manada de chachas que no sirve ninguna ni para hacer una hamburguesa vuelta y vuelta (el subrayado es nuestro).Si de mí dependiera cortaría cuellos y me quitaría del medio a todos los funcionarios interinos y de los funcionarios que hayan sido nombrados a dedo”.

La lectura de de las expresiones a la que se aluden en la resolución judicial firme, nos produce una indignación ilimitada, y cualquier persona con el más elemental sentido común llegaría a la conclusión que es inadmisible que personas así estén como servidores públicos al frente de un Juzgado, y además, que resulta del todo incomprensible que la Comunidad Autónoma que tiene el deber de proteger al personal a su servicio haya consentido y encubierto lo que en ese Juzgado de Instancia se ha vivido durante muchos años.

De otro lado, queremos también informar que sobre estos mismos hechos y en estas fechas se ha celebrado un juicio ante la jurisdicción social de Las Palmas, pendiente de sentencia,y por el que se pide responsabilidades a la Comunidad Autónoma de Canarias por el incumplimiento continuado de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales con una funcionaria de ese Juzgado de Instancia y derivado del maltrato que recibía del Letrado del Juzgado y que ha sido calificado como acoso laboral. Lo lamentable y por consiguiente destacable es que ese comportamiento hacía los funcionarios era conocido por la Dirección General de Relaciones con las Administración de Justicia, y sin embargo dejaron a

los funcionarios afectados sin ningún tipo de protección, dejándolos a los mismos a su suerte, y teniendo que pedir ceses voluntarios de sus puestos de trabajo. Resulta indignante comprobar como la Comunidad Autónoma que tiene el deber legal de protección de su personal ha hecho caso omiso del mismo, mostrando una dejación absoluta, una inacción inaceptable y un pasotismo sonrojante. No hemos visto ningún tipo de empatía con las víctimas de este repugnante trato que recibían de un superior. Desde INTERSINDICAL CANARIA queremos transmitirles a todos nuestra incondicional solidaridad, al tiempo que incidimos en nuestra tolerancia cero frente a comportamientos tan intolerables como los descritos en la sentencia que analizamos.

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