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2018010506001762649Asociación para la Defensa de las Pensiones

A los pensionistas nos sobran motivos para estar orgullosos de lo que hemos logrado hasta el momento. El año pasado el Gobierno del PP estaba dispuesto, con la complicidad de partidos como Ciudadanos y Coalición Canaria, que siempre han votado a favor de los recortes sociales, a continuar machacándonos con el 0,25% de subida. Pero nuestras masivas protestas en todo el Estado también en Canarias— les obligó a incrementar las pensiones según el IPC real en 2018 y 2019 y a subir por encima del IPC las pensiones mínimas y algunas de viudedad. Torcimos el brazo a un Gobierno que venía repitiendo machaconamente que no había dinero y que había que recortar las pensiones para hacer sostenible el sistema. Demostramos así que el problema de las pensiones no es técnico, como querían hacer ver, sino político.

VICTORIA PARCIAL .- Lo dijimos entonces y seguimos diciéndolo ahora: el retroceso del PP fue una victoria parcial, que se consolidó como tal con la moción de censura y el ascenso del PSOE al Gobierno. Ahora, después del resultado electoral del 28 de abril, estamos en mejor situación que antes, aunque la amenaza sigue sobrevolando sobre nuestras cabezas.

En las pasadas elecciones nos esforzamos en todo el Estado por hacer llegar a los partidos en liza nuestras reivindicaciones. Ahora estamos haciendo lo mismo en cada una de las 17 autonomías. Con igual intención, la defensa y mejora del sistema público de pensiones y su sostenibilidad actual y futura, dirigimos nuestras demandas a los ámbitos europeo, autonómico, insular y municipal.

MENTIRAS Y DESVERGÜENZA.- Sabíamos que la primera víctima en unas elecciones es la verdad, y sabíamos también que no hay animal más mentiroso y enredador que el animal político de Coalición Canaria. Pero en esta ocasión la mentira se une a la desvergüenza despiadada de un presidente, Fernando Clavijo, que no ha dudado en crear expectativas falsas a casi 300 mil pensionistas de los sectores más desfavorecidos. El día 3 de este mes, tras reunir solemnemente a su Consejo Asesor y con un gran despliegue propagandístico, Clavijo anunció que iba a dedicar más de 174 millones de euros del superávit de la Comunidad Autónoma a políticas sociales, entre ellos 14 millones para eliminar el copago de medicamentos a los pensionistas que cobran menos de 18.000 euros al año.

Pasados unos días de la noticia, que publicaron en primera página los periódicos afines a CC, supimos que todo era humo, cínica propaganda electoral. Es del todo inaceptable que este desemejante sujeto haya hecho tal anuncio a sabiendas de que el superávit, según la ley, solo se puede emplear para amortizar deuda o para inversiones financieramente sostenibles. Si tanto le interesa solucionar el copago sanitario, ¿por qué su diputada en el Congreso, Ana Oramas (la gran valedora de las abuelas canarias), votó hace unos meses en contra de los Presupuestos Generales del Estado, que contenían la eliminación de dicho copago? Y para más inri, ¿por qué el representante de CC en el Senado votó también en contra del aumento del techo de gasto en 6 mil millones de euros, una medida que iba a permitir a las Islas contar con unos 90 millones adicionales, para paliar las necesidades de mucha gente?

LLOVIENDO SOBRE MOJADO.- Llueve sobre mojado. Desde hace meses la Asociación para la Defensa de las Pensiones Públicas de Canarias está presentando por el registro del Parlamento firmas (ya vamos por más de 2.000), solicitando al Gobierno Autónomo que complemente las pensiones no contributivas, mínimas y de viudedad hasta el salario mínimo interprofesional. Clavijo, hoy tan preocupado por nuestros problemas, no se ha dado por aludido.

Más todavía. En marzo del año pasado el alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, también de CC, anunció que en el presupuesto municipal se libraría un partida de un millón de euros con destino a más de 4.500 personas del municipio que perciben una pensión no contributiva. Un año después no se sabe dónde está ese dinero ni qué destino se le ha dado.

REFORMA FISCAL JUSTA Y PROGRESIVA.- Dejémonos de miserias. Nuestro objetivo principal no es criticar las vilezas de estos politicastros, sino lograr el sostenimiento del sistema público de pensiones, ahora y en el futuro. Y para eso consideramos ineludible una reforma fiscal justa y progresiva, para que tributen más quienes más dinero tienen —es decir, las rentas del capital- y que, paradójicamente, en Canarias y en el Estado, son los que menos contribuyen a las arcas públicas.

Concretamente aquí, en el paraíso fiscal en que han convertido el Archipiélago, los mecanismos legales de evasión —la RIC, el REA y la ZEC— contenidos en el Régimen Económico y Fiscal con el pretexto de la creación de empleo y la modernización tecnológica, producen una ingente pérdida de ingresos al tesoro público canario (el 90% del impuesto de sociedades, en el caso de la RIC). Las ventajas fiscales hicieron que el año pasado las empresas inversoras se ahorraran 500 millones de euros, sin que eso repercutiera sensiblemente en la disminución del paro, que sigue siendo el más alto del Estado, por encima del 20% de la población activa y más de 200 mil personas sin trabajo. Ya dijo Clavijo que él gobernaba para los empresarios y ofrecía como incentivo para captar capitales foráneos los bajos salarios de las y los trabajadores canarios, que se ven reflejados no solo en las pensiones de miseria, sino también en la brecha salarial entre hombres y mujeres.

NO QUEREMOS CARIDAD - Los pensionistas y trabajadores canarios no necesitamos caridad, sino gobiernos que de verdad defiendan los intereses de la mayoría social. Y esto no se consigue ni cambiando votos por medicamentos ni bajando impuestos, que es lo que ofrece nuestro paraíso fiscal y constituye la promesa estrella de personajes como el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, y aspirante a seguir siéndolo, José Manuel Bermúdez, que sigue la estela de los partidos de ultraderecha favorables al recorte de derechos sociales, como Vox, PP y Ciudadanos. Dios los cría y ellos se juntan.

Asociación para la Defensa de las Pensiones Públicas de Canarias

 

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