15.4.2019

Pedro GonzalezPedro González

 

El día 20 de febrero nos llamaron de la alcaldía de La Laguna. Desde el día 7 habíamos pedido cita con el alcalde, para intentar comprometerlo en la lucha que llevamos a cabo los trabajadores y trabajadoras del aeropuerto de Tenerife Norte para que haya un servicio médico en el recinto. La secretaría del alcalde nos comunicaba verbalmente, por teléfono, que don José Alberto Díaz llevó a un Comité de Coordinación Aeroportuario (el día 12) la propuesta de que se instalara un servicio médico; también, nos pedían que esperáramos la respuesta de AENA. El mismo día 20, la campaña que pusimos en marcha en change.org (http://cort.as/-EWep), también el día 7, alcanzaba las 1000 firmas de usuarios del aeropuerto. No son pocas firmas: válgase del truco que quiera y pruebe a contar de uno a mil, imaginando una cara con cada número… No son pocas, insisto. A cada una de las personas firmantes, mil gracias.

Lo cierto es que en este breve periodo de tiempo se siguen sucediendo las incidencias entre el pasaje y acompañantes. Hemos tenido que ser testigos de pérdidas de consciencia, caídas y lesiones; de asistencias sanitarias externas que tardan demasiado en llegar; de la impotencia de trabajadores y trabajadoras; y de la imagen pública que da un aeropuerto que ha crecido (¿demasiado?).

Aena tiene 46 aeropuertos en el estado español: Tenerife Norte es el décimo tercero en movimiento de pasajeros; el noveno en número de operaciones (aterrizajes y despegues); y el séptimo en cuanto a movimiento de mercancías. Todo eso según datos publicados por AENA del ejercicio de 2018. Ya no son pocas personas, son una media de quince mil las que pasan diariamente por Los Rodeos.

Tenerife Norte necesita, con carácter urgente, estar dotado de un servicio médico, al frente del cual debería haber un doctor especialista en urgencias pre-hospitalarias. Alguien cualificado para atender accidentes con heridas abiertas o amputaciones (propias del sector laboral que atiende aviones en pista o que trabaja con maquinaria pesada); y, además, capacitado y apoyado por un equipo móvil autónomo que le permita dar un traslado urgente si fuese necesario.

La crisis ha mermado la capacidad de respuesta de la seguridad social. Lo mismo que ha pasado con el Servicio de Urgencias Canario (SUC) que no ha crecido conforme al crecimiento demográfico. Pues eso ha pasado con el 112 (hay quien afirma que tiene los mismos recursos que hace 20 años). Eso supone que aquellos tiempos de respuesta, establecidos en 15 o 20 minutos, hoy no son reales. A eso se le incrementan las imprevisibles condiciones del tráfico y los protocolos para avisar, acceder y salir de un recinto de alta seguridad sometido a las más férreas normativas estatales e internacionales. Seguramente, por eso hay ocasiones en que son los propios trabajadores los que dan traslado urgente a sus compañeros; sin preparación para ello y bajo la fuerte presión del momento.

Por otro lado, cuando hablamos de un recinto bajo tutela del Ministerio de Fomento, ¿no es un ejercicio cruel y colonialista suprimir un servicio vital, para después requerirlo del propio Gobierno de Canarias? Máxime, cuando AENA hace público que en 2017 tuvo unos beneficios netos de 1.232 millones de euros y en 2018 certificaron unos beneficios totales consolidados de 3.250,4 millones de euros.

Sabemos que en 2018 se atendieron unas 160 llamadas oficiales hechas desde el aeropuerto de Tenerife Norte. Casi una cada dos días. Servicios prestados por los ínfimos presupuestos del Gobierno de Canarias a un Ministerio que presenta escandalosos beneficios y que, por lo tanto, roba recursos a las personas que hay bajo el paraguas del SUC y el Servicio Canario de Salud.

No solo nos sentimos estafados. Nos sentimos abandonados, desprotegidos y hasta agredidos por esa política de Madrid que no merecemos los habitantes del Archipiélago que

viajamos en avión. Muchas veces, lo hacemos por necesidades médicas. Lo que llega al punto de haber tenido que habilitar un servicio de transporte de ida y vuelta entre el aeropuerto y el Hospital Universitario de Canarias o la Residencia de la Candelaria, cada día; con presupuesto, también, del Servicio Canario de Salud.

Lo peor de todo es que hemos hecho pública la grave situación que sufrimos, que cualquiera con acceso a las estadísticas reales podía haber visto desde un despacho; y aun así, como respuesta política tenemos la descafeinada que citamos al principio y ninguna del Cabildo insular (pedida cita desde el día 7 de febrero) o del propio Gobierno de Canarias. ¿De verdad se van a presentar a las próximas elecciones?

Pedro M. González Cánovas

(Trabajador aeroportuario en Tenerife Norte)

 

Bernardino RuizBernardino Ruiz y Carlos Quesada

 

En 2014 el Parlamento de Canarias aprobó la Ley Canaria de Educación no Universitaria que constituye el marco normativo indispensable que requiere nuestro sistema educativo para dar un salto adelante y garantizar el derecho de los canarios y las canarias a una educación digna. Para ello, además de fijar los planes y la agenda de acciones, se estableció la senda de financiación necesaria.

Además de incumplirse la Ley en su financiación y en su calendario de implantación, los cuatro últimos años, es decir, esta legislatura, han sido los peores de nuestra historia autonómica en cuanto a la inversión educativa en relación al PIB. Son datos objetivos irrefutables, a pesar del interés del gobierno y sus medios afines por vender como gran avance social los incrementos presupuestarios de esta etapa.

Evolución del presupuesto de Educación en relación con los objetivos de la Ley Canaria de Educación.

En estos años de bonanza y mejora económica, el PIB y los ingresos de la comunidad autónoma se han incrementado notablemente. El Gobierno de Canarias disponía de recursos suficientes para realizar los “incrementos progresivos” que dicta la Ley y hacer posible el objetivo del 5% en 2022. Sin embargo, no ha habido interés ni voluntad política. Lo grave de los incumplimientos producidos es que, además de dificultar la senda de financiación necesaria, siguen sin afrontarse los graves problemas que comprometen el futuro de la educación canaria.

Hay datos que abundan en esta dirección. En la implantación de la educación infantil de 0 a 3 años seguimos a la cola del Estado; nuestras plantillas siguen siendo de las más deficitarias (2.400 docentes menos que la media estatal) y el abandono escolar – algo en lo que habíamos mejorado notablemente-, vuelve a repuntar de forma muy negativa.

Queda acreditado que la educación no ha sido una prioridad para el gobierno ni para sus apoyos parlamentarios. Las rebajas fiscales sí lo han sido: 270 millones de euros en los dos últimos presupuestos que se han detraído de la inversión en los servicios públicos de Canarias.

Pero hay otro dato preocupante que merece una reflexión más detenida: la privatización del sistema educativo.

No nos vamos a detener en el desarrollo creciente de la oferta universitaria privada, mientras permanecen muchos recortes y tasas elevadas en la universidad pública. Vamos a subrayar la involución que está suponiendo el aumento de la concertación de plazas a centros privados en las etapas de educación infantil, primaria y secundaria.  Canarias, durante muchos años, ha tenido una tasa de alumnado en centros privados estable, en torno al 22%, cuando la media europea para Primaria es de apenas un 10%. Curiosamente, a lo largo de esta legislatura se ha producido un crecimiento acelerado hasta superar el 24%. En definitiva, la enseñanza privada crece mientras la enseñanza pública soporta todo tipo de lastres y carencias, disimuladas o intencionadamente acalladas mediante una subida salarial al profesorado a través de los sexenios. Una subida salarial necesaria que no justifica el abandono y olvido de otras mejoras urgentes de las plantillas y condiciones de los centros públicos.

¿A dónde nos conduce esta planificación política? ¿Pueden las leyes del mercado -la educación como negocio-, corregir y compensar la creciente desigualdad de la sociedad canaria y el dramático avance de la pobreza y la exclusión social?

Como diría Ana Pastor, presentadora de El Objetivo: estos son los datos, suyas las conclusiones.

 

 

Jorge DortaJorge Dorta


AsierAntona, es vasco que encabeza y dirige el PP canario ha dicho que “Tras 30 años de CC, y con los mayores recursos de la historia, Canarias está última en paro, sanidad y educación”. Antona tiene razón, los gobiernos de CC han sido desastrosos para el pueblo canario, pero lo que no nos querrá hacer creer Antona ahora es que la culpa es únicamente del medianero y no del amo. Que el medianero es un sinvergüenza y un vendido ya lo sabemos todos, pero que el amo está detrás también.

A ver, que en Canarias no se gobierna para el bien común, a estas alturas de la película lo tenemos claro. Que los de CC son unos incompetentes y unos inútiles, que les falta capacidad de liderazgo y que no dan para más, también,.... igual que sabemos que están ahí enquistados en el poder porque son los medianeros que ha puesto el amo para que cuiden de su finca. La ley electoral canaria es una farsa antidemocratica y una burla pero sancionada por el Tribunal Constitucional español y Capitanía General que es quien realmente manda aquí.

En Canarias se gobierna para el turista y para el foráneo, no para el nativo, eso está claro, ... y si vemos cuales son los intereses que hay detrás del turismo canario veremos lo siguiente en resumidas cuentas. De todos los hoteles aproximadamente el 60% de las plazas hoteleras en Canarias son propiedad de las grandes cadenas españolas como RIU, Iberostar, H10, etc... aproximadamente un 10% de las plazas hoteleras son propiedad de las grandes cadenas internacionales como Allsun o Labranda y que solo y el resto un 30% son cadenas "canarias"... y pongo lo de "canarias" entre comillas porque muchas de las supuestas cadenas canarias son en realidad foráneas, propiedad de españoles como Gloria Palace o Beatriz Hoteles, o de extranjeros como Servitur o Fred Olsen. 

 

Si tienes en cuenta de que el turismo es actualmente el 40% de la economía canaria.... pues ya sabes para quien se hizo el REF y los incentivos fiscales...... Fuera del turismo la situación no cambia. La empresa de mayor facturación de la provincia de Santa Cruz de Tenerife es DISA, propiedad del catalán Demetrio Carceller. La de mayor facturación de la provincia de las Palmas es Unelco, propiedad de Endesa. ... la mayores constructoras Satocan del extremeño Juan Miguel San Juan, las empresas de agua,... de españoles y franceses, ..y asís suma y sigue.

Es cierto que los gobiernos de CC han sido un desastre, es cierto que Canarias está última en paro, sanidad y educación como dice Antona, ....pero esto es así porque en Canarias no se gobierna para el bien común ni para los intereses de los canarios sino para los intereses foráneos.... Coalición es una maldición pero es España la mano que mece la cuna y la que saca la mayor tajada... para entenderlo tan solo le tienes que seguir la pista al dinero...

 

 

Julian AyalaJulián Ayala

El Juzgado Contencioso Administrativo Nº 3 de Santa Cruz de Tenerife ha anulado la sanción que me impuso el Ayuntamiento de esta ciudad, bajo la acusación infundada de haber colocado en lugares no autorizados carteles convocando la manifestación contra la Ley del Suelo que tuvo lugar el sábado 26 de noviembre de 2016.

La sentencia emitida estima el recurso contencioso-administrativo que interpuse, declara que el acto administrativo impugnado no es conforme a derecho, anula le resolución recurrida y condena al Ayuntamiento al pago de las costas con el límite máximo de 300 euros.

Contra la sentencia no cabe recurso de apelación.

UN MONTAJE. Aunque el fallo judicial se basa en la concurrencia de una serie de irregularidades en la tramitación del expediente que afectan directamente al derecho de defensa del recurrente, sin entrar a valorar las alegaciones de este, considero que aquel es el resultado lógico de todo un montaje en el que están implicados como autores directos los policías locales 10137 y 12173, que firman tres actas de infracción manifiestamente falsas fechadas el 15 de diciembre de 2016; la comisaria de la Policía Municipal, Carmen Delia González Martín, que traslada dichas actas al Área de Bienestar Comunitario y Servicios Públicos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y, especialmente, el concejal delegado de dicho área, Dámaso Arteaga Suárez, que ordena iniciar el expediente sancionador y nombra instructor del mismo al jefe de la Sección de Soporte Administrativo y Control de Servicios Públicos, Pablo López Armas.

El problema empieza –tal vez casualmente, pues igual podían habérselo endosado a otro– con mi identificación por dos policías locales el 19 de diciembre de 2016, cuando, en unión del profesor universitario Santiago Pérez García, acababa de dar una rueda de prensa a las puertas del Parlamento de Canarias, donde criticamos el proyecto de Ley del Suelo que en esos momentos se tramitaba en la Cámara autonómica. Además de los datos del DNI, los agentes me pidieron un teléfono de contacto y yo, que en ese momento carecía de móvil, les di el fijo de mi domicilio, que no figura en el listín telefónico. Cito este dato, porque aparece en las actas de infracción, lo que me reafirma en la creencia de que los autores de estas actas falsas fueron los policías que me identificaron.

Casi un año después de este hecho, el 23 de octubre de 2017, recibí la notificación del decreto de incoación de expediente sancionador por haber fijado carteles de propaganda (la convocatoria de la manifestación contra la Ley del Suelo que tuvo lugar el 26 de noviembre de 2016) en tres vías de la ciudad donde, según el artículo 7 de la Ordenanza de Paisaje Urbano, está prohibido hacerlo. El decreto establecía como propuesta de sanción una multa de 60 euros por considerar la infracción como leve.

CONTRADICCIÓN EN LAS ACTAS. En las alegaciones siguientes hice constar la existencia de contradicción en las tres actas de infracción levantadas por los agentes; contradicción consistente en que en ellas se consignaba simultáneamente que fui identificado y que estaba ausente, por lo que no pudo dárseme a firmar ninguna.

¿Cómo llegaron a la conclusión de que fui yo quien colocó los carteles, si no me sorprendieron colocándolos? Misterio. La única prueba de mi autoría es lo que dicen los propios agentes actuantes en un informe que dirigen a la comisaria del cuerpo: "Los policías que suscriben informan a usted que en funciones propias del servicio y al observar publicidad en mobiliario urbano en diferentes zonas del centro se comunican con responsable de la manifestación para que retirara dicha publicidad, bajo apercibimiento de levantar acta por las infracciones observadas, pasado quince días, se procede al no ser retirada la publicidad en lugares no autorizados, se levanta actas según Ordenanza de Paisaje Urbano".

Mentira evidente, pues aparte de que yo no fui el "responsable de la manifestación", que fue convocada por la Plataforma Canarias por un Desarrollo Sostenible, integrada por más de doscientas personas pertenecientes a organizaciones ecologistas, sindicatos y partidos políticos, así como ciudadanos y ciudadanas a título individual, ningún policía se puso en contacto conmigo para indicarme nada referente a dicha publicidad.

La realidad fue, como he indicado más arriba y así hice constar en las alegaciones, que se me identificó cuando realizaba un acto legal, el 19 de diciembre de 2016, y se utilizó esa identificación para achacarme una serie de acciones ilegales, de las que, supuestamente, los policías habían levantado actas cuatro días antes. Todo un montaje para reprimir la legítima protesta ciudadana contra una ley que va a convertir el territorio de las islas en materia de especulación y negocio inmobiliario. Abunda en esta certeza el hecho de que el informe policial y las actas fechadas el 15 de diciembre no fueron enviadas al concejal responsable por la comisaria de la Policía hasta el 19 del mismo mes, exactamente a las 14 horas y 12 minutos, como consta en el expediente; es decir, dos horas después de mi identificación a las puertas del Parlamento. En la fase probatoria, quizá hubiera solicitado que alguien explicara esta falta de diligencia, que de todas maneras no es lo más importante en el embrollo fraudulento del expediente sancionador.

Por todo ello solicité el archivo del expediente y, en caso de que la solicitud fuera desestimada, la apertura de una fase probatoria para ejercer mis derechos de defensa.

CATÁLOGO DE DESAFUEROS. Sin embargo, el funcionario instructor del expediente y el concejal responsable no se dieron por aludidos, pues ni trasladaron a los agentes denunciantes mis alegaciones, para que emitieran el obligatorio informe de ratificación, ni se pronunciaron formalmente sobre la admisión o no de la prueba presentada, ni procedieron a la apertura de la fase probatoria.

Todo ello debió haberse efectuado, según la ley, antes de la propuesta de resolución, que recibí el 1 de diciembre de 2017. Esta propuesta, naturalmente, no tuvo en cuenta para nada las alegaciones presentadas, pues se limitó a citar como único fundamento de la sanción el artículo 77 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el artículo 52 de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza, que en ambos casos recoge, la presunción legal de las denuncias, atestados o actas formuladas por los agentes de la autoridad en ejercicio de sus funciones. "De lo que se deduce que dicho acta tiene presunción de veracidad".

Todos estos desafueros me colocaron en la situación de indefensión a la que se refiere el juzgado, que, por ello, estimó el recurso y dictó la nulidad del procedimiento administrativo.

RIZAR EL RIZO DEL ESPERPENTO. Pero hay más. Mis alegaciones a la propuesta de resolución les hicieron caer en la cuenta del patinazo cometido al no haber recabado la ratificación de los agentes ni realizado prueba alguna, especialmente sobre los extremos que, según los policías denunciantes, me fueron informados telefónicamente.

Para intentar tapar la chapuza solicitaron –fuera ya del tiempo habilitado para ello–  un informe de la Policía Local, que me fue comunicado el 7 de marzo de 2018. Dicho informe riza el rizo del esperpento, pues los policías denunciantes, verdaderos émulos de Torrente, el brazo tonto de la ley, que popularizó hace unos años el cineasta español Santiago Segura, afirmaron lo que copio textualmente, respetando incluso las incorrecciones gramaticales:

"Nos ratificamos en los hechos denunciados, lugar y hora.

Para la localización e identificación del denunciado y adjudicarle la autoría se realizan varias gestiones para llegar a esta conclusión.

Nos comunica la Subdelegación del Gobierno que el responsable como organizador de la manifestación y presidente de dicha organización es el que nos refiere.

Puestos en contacto telefónico con el mismo e informarle de la prohibición de colocar publicidad en mobiliario urbano y tratándose de un acto sin ánimo de lucro, se le da un plazo de diez días para que retire la publicidad que se ha observado en varios puntos de la capital en mobiliario urbano y fachadas no autorizadas. Comunicándonos que efectivamente él es el responsable, pero que hasta que no retiren las microalgas o pague algún responsable él no va a hacer nada.

Transcurrido el plazo establecido se procede a levantar acta".

Y se quedaron tan panchos, sin caer en la cuenta de que esta supuesta conversación era imposible que se hubiera producido en diciembre de 2016, pues el fenómeno de las microalgas, que también fue causa de una gran manifestación ciudadana, se produjo durante el verano de 2017.

No obstante, Dámaso Arteaga, igual de velillo y mentiroso que los dos "brazos tontos de la ley", no tuvo el menor reparo en firmar el decreto de resolución y concluyó multando a un ciudadano inocente con 60 euros. Sin cortarse y por la jeta, que para eso es el concejal delegado del Área de Gobierno de Bienestar Comunitario y Servicios Públicos. El puto amo, vamos. (¡Dios nos coja confesados!)

PINCHAR EN HUESO. Pero esta vez el ilustrísimo señor pinchó en hueso. Quizá tuvo la idea de que darle un pequeño escarmiento a un perroflauta o "terrorista social de los que se oponen a todo" nunca está de más y la ocasión la pintan calva. A mí los 60 euros me la traen al pairo; si don Dámaso los necesitara para sus tareas de Bienestar Comunitario no me hubiera importado donárselos (y más incluso). Lo que me repateó el ánimo y me hizo perder mi tiempo, refutando los enredos y faramallas de estos badulaques, hasta el punto de presentar un recurso contencioso contra la sanción, no fue la cuantía de esta, sino el atropello y abuso de poder de que hicieron gala unos responsables municipales, que confunden el Ayuntamiento con su finca privada y la política municipal, que debe estar al servicio de los ciudadanos y ciudadanas, con la represión de las personas que, legítimamente, pueden no estar de acuerdo con algún proyecto emanado de los poderes públicos afines a quienes gobiernan la corporación.

CODA PARA GENERAL CONOCIMIENTO. Ingresé en la honorable cofradía de perroflautas cuando el viejo genocida estaba todavía pescando salmones y firmando sentencias de muerte, y si entonces no me resigné a las arbitrariedades del poder, mucho menos lo voy a hacer ahora, viejo, peleón y con el colmillo más retorcido que un jabalí asilvestrado. Que lo tengan en cuenta los mandamases y caciquillos de tres al cuarto, como estos que fueron por lana y salieron trasquilados. Es un aviso.

 

Sin tituloSe Puede

 

Desde hace un mes veníamos preguntándonos quién era Juan Guaidó que irrumpió fuertemente en la política internacional, reconocido por varios gobiernos como presidente de Venezuela (!!!), sin ser electo, y rápidamente también aceptado por representantes de la derecha uruguaya. Hoy Guaidó empezó a atacar a nuestro compañero presidente Tabaré Vázquez simplemente porque junto con México emprendieron el único camino posible que entendemos quienes amamos la democracia, la libertad, la paz y especialmente el diálogo. Y claro, Guaidó no está de acuerdo con esas posturas. Y nos encontramos con una nota escrita por por Pablo Pozzi para la publicación “Quién es quién” la cual transcribimos a nuestros lectores. Simplemente es un aporte más. Puede algún lector considerar que no se ajusta a la verdad y que Guaidó es un demócrata cabal. Tomémosla entonces como un insumo más para tratar de conocer qué sucede en Venezuela que parece haberse transformado en el centro del mundo.

Abro el New York Times (bueno, clickeo su ícono en la web) y veo que ha declarado a Juan Guaidó como alguien «con un refrescante estilo y una visión para hacer avanzar» a Venezuela. Al mismo tiempo Bloomberg News insiste que Guaidó intenta «restaurar la democracia», y el Wall Street Journal lo declara como «nuevo líder democrático». Me encantó, digo porque no solo no sabía quién era Guaidó, sino que no tenía siquiera noción de quién era. Por suerte, estos baluartes del periodismo objetivo, y la defensa de la democracia me lo aclararon.

Bueno, hasta que me llegó un mail de mi amigo, el sindicalista canadiense Sid Shniad, que traía consigo una larga investigación de los periodistas Dan Cohen y Max Blumenthal. Ambos periodistas deben ser muy mal llevados (ni hablar de Sid que siempre lo fue, como buen rojillo cascarrabias) porque se dedicaron simplemente a hacer algo que no han hecho otros periodistas: revisar la web, entrevistar a especialistas, leer diversos informes de ONG sobre Venezuela. Y ahí, oh sorpresa, resulta que el joven demócrata Guaidó no salió de la nada. Y mucho menos es la cara de la democracia en Venezuela (bueno, y tampoco en ninguna otra parte). Pero ¿quién es Guaidó? ¿Qué nos cuentan Cohen y Blumenthal?

Primero lo más simple: Guaidó es miembro del partido Voluntad Popular, fundado por Leopoldo López y protagonista de los enfrentamientos llamados guarimbas que costaron la vida de un par de cientos de venezolanos entre 2014 y 2017 (lo que nadie te dice es que 70% de los muertos fueron chavistas). Voluntad Popular es el sector más pronorteamericano, neoliberal e intransigente de la oposición antichavista, que rechaza cualquier tipo de negociación que no implica una purga total de los adherentes de Chávez y un desmantelamiento de todos los programas reformistas de las últimas dos décadas. López, además de ser un neoliberal y de ultraderecha, ha recibido casi 50 millones de dólares de «ayuda democrática» de las organizaciones USAID (del gobierno norteamericano) y National Endowment for Democracy (NED: un reconocido frente de la CIA), esto según el instituto español FRIDE. Guaidó fue electo diputado con el 26% del voto en 2016 por el pequeño estado de La Guaira, gracias a la fragmentación de candidaturas; o sea, no es lo que se dice un representante del pueblo. Y se convirtió en presidente de la Asamblea Nacional en circunstancias aún hoy poco claras (en realidad la presidencia legalmente le correspondía a un tal Juan Andrés Mejía).

Ya de por si los datos anteriores hacen de Guaidó una persona más o menos para desconfiar. Pero Cohen y Blumenthal se dedicaron a buscar un poquito más allá. Lo primero que encuentran es que Guaidó era un dirigente estudiantil de la Universidad Andrés Bello. Aparentemente fue uno de los cinco estudiantes venezolanos enviados por el NED a Belgrado en 2005 (Guaidó tenía en ese entonces 21 años) para ser capacitado por CANVAS. Este último es un grupo de entrenamiento para «protestas no violentas» responsables por varias «revoluciones de color» como la de los neonazis de Ucrania. En 2007 Guaidó se recibió de la universidad y viajó a Washington para estudiar con Luis Enrique Berrizbeitia, un ex director ejecutivo del FMI. Cohen y Blumenthal no discuten ni especulan sobre cómo hizo un muchachito de La Guaira para conectarse con uno de los principales economistas neoliberales de América Latina. Eso sí, poco después de comenzar sus «estudios» Guaidó era parte del grupo fundador de la Generación 2007: una organización de estudiantes entrenados por CANVAS y financiado por Washington cuyo objetivo era derrotar la reforma constitucional chavista de ese año. Según los emails del embajador norteamericano en Venezuela en 2007, «el objetivo de Generación 2007 era forzar al gobierno venezolano a reaccionar con represión», todo para crear un «evento internacional». Guaidó fue uno de los personajes identificados como dirigentes de esas protestas.

En noviembre de 2010 Guaidó y otros dirigentes de Voluntad Popular participaron de un seminario secreto de cinco días en el hotel Fiesta Mexicana de la Ciudad de México. El seminario fue organizado por Otpor, una institución dedicada a «los cambios de régimen» financiada por Washington. A su vez, el dinero del seminario provino de la petrolera mexicana Petroquímica del Golfo y la banca JP Morgan. Durante el seminario, según los emails de uno de los participantes, se planificó la desestabilización del gobierno de Venezuela, incluyendo el asesinato de Hugo Chávez y luego el de Nicolás Maduro. Las guarimbas de 2014 fueron parte de esa campaña, y en diversos videos se pueden ver a los dirigentes estudiantiles con camisetas que dicen Voluntad Popular. Entre ellos estaba Guaidó.

El gobierno venezolano detuvo a varios de los dirigentes de Voluntad Popular, acusándolos de terrorismo y de tenencia de armas de guerra. Entre ellos estaban Freddy Guevara, Lester Toledo, Carlos Graffe, David Smolansky, Yon Goicoechea y Leopoldo López. Varios de ellos fueron liberados a la espera de juicio, y en esa instancia salieron al exilio, mientras que Leopoldo López se encuentra el día de hoy bajo arresto domiciliario. Digamos que para las acusaciones de que es una salvaje dictadura, las penas para estos opositores han sido increíblemente leves. Más aún, Smolansky escapó sin muchos problemas a Estados Unidos luego de fugarse a Brasil disfrazado de cura. Una vez en Washington tuiteó que tuvo una «amable reunión» con Elliot Abrams, el famoso arquitecto de las bandas paramilitares durante la década de 1980 y hoy en día «enviado especial de Trump» en Venezuela. Para pobres estudiantes democráticos, estos muchachos tienen un acceso notable con muchos de los personajes más oscuros de la política norteamericana.

Lo anterior parece haber favorecido a Guaidó, que pasó de dirigente fundador, pero secundario, a ser el portaestandarte de Voluntad Popular. En diciembre de 2018 Guaidó viajó en secreto a Washington para planificar las movilizaciones en contra de Maduro que ocurrieron en enero de 2019. Allí recibió el compromiso de apoyo de los senadores trumpistas Marco Rubio, Rick Scott y el diputado Mario Díaz Ballart, para luego reunirse con el secretario de estado Mike Pompeo. El 5 de enero, antes de regresar a Venezuela, Guaidó fue nombrado presidente de la Asamblea Nacional, y 18 días más tarde se autoproclamó «Presidente a Cargo» de Venezuela (un título que constitucionalmente no existe). Rápidamente Washington se movilizó para reconocerlo mientras presionaba a sus aliados y títeres para que hicieran lo mismo.

Guaidó no salió de la nada, así como tampoco es un demócrata preocupado por la vida de los venezolanos. Eso queda muy claro en el informe de Cohen y Blumenthal. Evidentemente, ni el New York Times ni el Wall Street Journal se hicieron eco de la investigación de Cohen y Blumenthal. ¿Para qué? Si el Departamento de Estado siempre te dice la verdad y lo que hay que decir.

Ramon TrujilloRamón Trujillo

 

Canarias necesita un amplio debate público sobre sus infraestructuras de transporte para evitar nuevos despilfarros. Ginés de Rus, catedrático de economía aplicada de la Universidad de Las Palmas, escribía hace años que “no es infrecuente que se acometan proyectos cuya rentabilidad social esperada es negativa. En este caso, las infraestructuras reducen el nivel de bienestar social, al constituirse en una carga, en sus gastos de construcción, explotación y mantenimiento para el conjunto de la sociedad”.

El gasto en infraestructuras innecesarias obviamente no ocurre sólo en Canarias. En 2008, antes de sufrir los efectos de la crisis, España dedicó el 1,62% del PIB a infraestructuras. Ese mismo año Alemania destinó el 0,7% de su PIB, Francia el 0,5% y Estados Unidos el 0,49%. En realidad, países como Alemania, Reino Unido y Estados Unidos nunca han dedicado el 1,6% de sus PIBs a infraestructuras en tiempo de paz. Esto nos da la medida de nuestra desmesura.

En marzo de 2018, Ginés de Rus compareció en el Parlamento de Canarias y propuso crear una agencia de evaluación de proyectos de infraestructuras, independiente de la administración que promueva el proyecto. Explicó que España sólo usa el 50% de su capacidad portuaria. Afirmó que el Puerto de Arinaga no tenía viabilidad (recordemos que recibió tres barcos en sus cuatro primeros años) y añadió que el Puerto de Tazacorte se hizo después de remitir tres informes de coste-beneficio a la Comisión Europea que fueron rechazados. Dieciséis años después de su inauguración, el Puerto de Tazacorte recibió su primer crucero y, de inmediato, las autoridades locales han exigido su ampliación.    

Ahora se plantea gastar más de 40 millones de euros en ampliar el muelle de Agaete, pese a que sólo se cubre el 30% de las plazas que oferta. Luis Ibarra, ex presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, rechazó la ampliación de ese muelle    y lo comparó con los que “no han cubierto ni mínimamente las previsiones […]: Arinaga, Tazacorte, Gran Tarajal, Granadilla…”. Sobre este último, el pasado mes de junio, el alcalde Granadilla declaró que su predecesor “estaba engañando a la ciudadanía […] cuando hablaba de los miles de puestos de trabajo que iba a traer este puerto” y que no trajo. Más aún: en julio, el presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia afirmó, sobre la implantación de instalaciones para el gas natural, que “nosotros sólo nos sentimos incómodos cuando se intentan socializar las pérdidas” y señaló que ese era caso de Granadilla.

En Tenerife se plantea destinar 200 millones de euros a la construcción de un puerto en Fonsalía, aduciendo la saturación del cercano puerto de Los Cristianos. Sin embargo, Pedro Suárez, presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, declaró, en septiembre, que al puerto de Los Cristianos “no le pasa nada porque el problema está en el acceso” debido a los atascos de tráfico. Y la solución al atasco no es construir otro puerto.

Asimismo, en su comparecencia parlamentaria, Ginés de Rus afirmó que “no hay ni una sola evaluación económica que justifique la construcción de trenes en las Islas” y el consiguiente gasto de 5.000 millones de euros. Es llamativo constatar, por ejemplo, que el consejero de Política Territorial del Cabildo de Tenerife declarara, en julio, que gastar 2.600 millones en trenes en la Isla “a lo mejor no es lo más idóneo”. Sin embargo, en noviembre, el presidente del Cabildo pedía a AENA que la futura terminal del Aeropuerto del Sur se coordine con el futuro tren del Sur. Por otra parte, un informe técnico del Cabildo señalaba que los ingresos del futuro tren del Norte sólo cubrirán el 26% de los costes.

Hay más infraestructuras previstas que debieran ser objeto de evaluación independiente. Por ejemplo, la construcción de una tercera pista en el Aeropuerto de Gran Canaria y de una segunda pista en el Aeropuerto de Tenerife Sur. En 2018, movieron respectivamente 13 y 11,2 millones de pasajeros. Ya que no llegan a utilizar ni la mitad de la capacidad de sus pistas es lógico preguntarse si hay que construir más pistas. ¿Por qué el aeropuerto londinense de Gatwick llegó a mover 35 millones de viajeros con una pista y, sin embargo, en Canarias hacen falta tres pistas para mover 13 millones?

Podríamos poner muchos más ejemplos para mostrar que necesitamos un debate sobre infraestructuras sereno e informado. Canarias merece un debate honesto para priorizar racionalmente el uso de los recursos públicos.  

Ramón Trujillo

 

1º de Mayo 2019

 

Canarias con Cataluña

Una babel 10.4.2019

 

 

 

El Roto Votar