Francisco Javier Gonzalez 1990Francísco Javier González

Termino este acercamiento a un análisis sobre el papel de la JUSTICIA (?) española en la represión del “Procès” catalá hacia su independencia revisando algunas actuaciones al respecto que justifican el título “España. Muerta está tu justicia. Impera el miedo”

Empiezo poniendo de relieve la visión que desde el ejecutivo español se quiere imponer como “normal”. El teniente coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, hijo de un candidato de Fuerza Nueva por Murcia en 1977 y hermano del que, como Presidente del TC, dictaminó en 2015 la inconstitucionalidad del “Procés” que entonces se iniciaba, es un verdadero camaleón maestro de la supervivencia política. Comenzó su carrera en Interior como hombre de confianza de Rubalcaba, siguió siéndolo de Antonio Camacho, continuó con Jorge Fdez. Díaz y lo es ahora del ministro Zoido. Fue nombrado Director Técnico de coordinación entre las policías para impedir la celebración del Referéndum del 1 de O, o en puro román paladino que dijera Gonzalo de Berceo, el encargado por el gobierno español de controlar a los Mossos. Llamado a declarar en el TS por el juez Lamela para dar su versión del operativo de esa fecha, tras tratar de inculpar a los mossos y a su major, Josep Lluis Trapero, como “foco de información para eludir las órdenes judiciales”, puso de relieve la profunda diferencia de la actuación de mossos por una parte y guardias civiles y policía estatal por otra.

Para el Conseller Forn, que daba por hecho que en la calle iban a estar más de dos millones de pacíficos ciudadanos y que, conforme a lo dictaminado por el TSJC, la actuación policial tenía que realizarse garantizando la convivencia ciudadana, por lo que la labor de los mossos debía ser “garantizar la seguridad y el orden público y estar al servicio del ciudadano”mientras que para Pérez de los Cobos, como comunicó a Puigdemont y a Forn, la única forma de evitar problemas era desconvocar el Referéndum porque “el cumplimiento de la Ley está por encima de la convivencia ciudadana”. La forma de imponer el “cumplimiento de la Ley” ya hemos visto como fue con más de mil heridos por la actuación policial.

Esa posición ha marcado todos los sucesivos pasos de un gobierno que ha tratado de emplear medidas lo más drásticas posibles con el intento de infundir miedo en los que se plantean la creación de una República catalana, miedo extensivo a cualquier parte del Estado con problemas nacionales, colonia canaria incluida. M.Rajoy, artífice del aborto político, no ha tenido en cuenta que, a diferencia de lo que sucedió en Euzkadi, donde había un planteamiento de lucha armada paralelo a la política, en Catalunya ninguno de los partidos o las organizaciones involucradas en el procés ha planteado de forma alguna el uso de ninguna violencia. En este caso TODA la violencia es la ejercida por el Estado Español contra un pueblo inerme y esa circunstancia, más pronto que tarde, corrompe al opresor y fortalece la conciencia del oprimido.

Las arbitrariedades de los jueces en las detenciones ya las he relatado hasta la saciedad. Por ello paso a lo sucedido tras las elecciones de diciembre y la formación de la Mesa del Parlament. Solo dos días después de ser elegido, el exconseller Joaquin Forn presenta su dimisión como parlamentario catalán. Se comienza así a notar el miedo a las largas condenas y a la represión que promete el Estado. Forn sigue los pasos de la exconsellera de Governació Meritxell Borràs y del de Justicia Carles Mundó. Lo hace intentando aumentar sus opciones a salir de la prisión de Estremeras en la que permanece desde el 2 de noviembre, pero el juez Llarena mantiene la prisión para Forn porque, a su juicio, “persiste el riesgo de reiteración delictiva” -aunque sea desde su casa porque ha abandonado su actividad política- ante "la incertidumbre que existe de que la voluntad política mayoritaria sea respetar el orden legal para conseguir la aspiración de independencia que todavía hoy comparte el investigado" y que “Su ideología coexiste además con un contexto político en el que no hay certeza de que haya desaparecido la intención de conseguir la independencia de Catalunya, y hay todavía sectores que defienden explícitamente que se tiene que conseguir de manera inmediata".

No se trata pues de una sentencia “judicial” sino estrictamente política en la que el juez juzga por las ideas políticas del detenido. El exletrado del TC, Joaquín Urías, critica sin ambages la decisión de Llarena: "El juez Llarena ya no disimula. El auto de hoy por el que mantiene el exconseller Forn en prisión provisional toma en cuenta para ello su ideología. Sin complejos" Es un ataque puramente ideológico, no jurídico, y una advertencia a terceros. Las acusaciones de rebelión son tan insostenibles que inclusive el que fuera redactor del artículo en el Código Penal español en 1995, el diputado de Izquierda Unida Diego López Garrido, que consideraba legítima la defensa del Derecho de Autodeterminación, introdujo la necesidad de violencia para ser considerado delito por el Art. 472. Declarar pues la independencia pacíficamente no es un acto que pueda encajarse en ese artículo del Código Penal. Consultado por la DUI de Catalunya, negó taxativamente que se cumpliera ese supuesto.

Proclamado presidente del Parlament, Roger Torrent, tras consulta con los diversos grupos presentes en la Cámara, proclama como candidato a la Presidencia de la Generalitat catalana a Carles Puigdemont con lo que se dota de una cierta continuidad al procés y se deslegitima toda la maniobra del 155. El Boletín Oficial del Parlament lo publica el día 22. El Gobierno Español, a sabiendas de que no hay ningún impedimento legal para ser elegido President lleva al día siguiente, 23 de enero, el caso al Consejo de Estado como paso previo necesario para recurrir ante el TC la investidura de Puigdemont. Por la mañana M.Rajoy firmó la solicitud del informe preceptivo. Al mediodía, la Regente Sáenz de Santamaría, en comparecencia pública, afirmó que el president in pectore Puigdemont no puede ser elegido porque hay una orden de detención contra él y “carece por tanto del derecho de libertad deambulatoria que le permitiría acudir a esa comparecencia, porque tan pronto como entre en territorio español debe ser puesto a disposición judicial". Por la tarde, tras más de 2 horas de reunión, el Consejo de Estado rechaza la petición “porque no existen fundamentos jurídicos para adoptar esa decisión”. Para el Consejo de Estado el TC “debe pronunciarse respecto a los preceptos impugnados, no sobre eventuales e hipotéticas interpretaciones de los mismos, propuestas por los recurrentes, sino sobre si se oponen a los mandatos constitucionales” ya que “la jurisprudencia constitucional prohíbe la impugnación preventiva e hipotética”.

A pesar de todo ello, el gobierno español hace caso omiso del dictamen del Consejo de Estado y el Consejo de Ministros del viernes 26 acuerda presentar el recurso temiendo, probablemente, que imitando a Artur Mas en 2011 que entró al Parlament usando un helicóptero para burlar una manifestación en su contra que ocupaba el Parque de la Ciudadela o que, a pesar de la vigilancia hasta de las alcantarillas, Puigdemont se les colara en el Parlament y se vieran obligados a detener a todo un Molt Honorable President y traer así a la memoria penosos hechos pasados en la historia de Catalunya. Según declaró la Regente Soraya, el TC "hasta este momento nos ha dado la razón en todo lo que hemos planteado y, además, por unanimidad".

Al día siguiente, sábado 27 de enero se reúne el pleno del TC presidido por Juan José Glez. Rivas para decidir si admite a trámite la propuesta del gobierno español lo que conllevaría la suspensión de la candidatura. Son 12 magistrados, 8 de la mayoría conservadora -incluido el presidente- y 4 de la hipotéticamente progresista, incluido el ponente, el catalán Juan Antonio Xiol que, acorde al informe previo de los letrados del Alto Tribunal, plantea la no admisión a trámite del recurso del gobierno de M.Rajoy. El debate es duro y al mediodía acuerdan continuar por la tarde, a la que no asiste el magistrado conservador Andrés Ollero. Es cuando el propio M.Rajoy llama a los miembros del TC –con anterioridad lo habían hecho los ministros españoles- y los presiona para que no rechazen el recurso presentado por el gobierno. Según fuentes del ejecutivo español que reproduce el diario “El País” “Los ministros, y el mismo Rajoy en primera línea transmitieron a los que tenían que tomar la decisión la grave situación en la que se ponía al Estado si se permitía que el expresidente de la Generalitat resultara investido por la cámara catalana”.

Florentinamente, el TC cede a la pretensión gubernamental, pero sin aceptar ni rechazar la propuesta que elude contestar. Impone para ello una serie de medidas cautelares que impiden cualquier intento de investidura no presencial, ni telemática ni por delegación de voto, y que “No podrá procederse a la investidura del candidato sin la pertinente autorización judicial, aunque comparezca personalmente en la Cámara, si está vigente una orden judicial de busca y captura e ingreso en prisión” o lo que es lo mismo, sin el permiso del juez Llarena, advirtiendo además a la Mesa de que el incumplimiento de las medidas cautelares tendrá severas consecuencias penales. Con este auto las injustificadas prisiones preventivas, que empezaron siendo una herramienta para infundir temor, Imperii Timore, se han convertido, además, en un control de la investidura. Los presos son verdaderos rehenes. Si los liberaran ¿cómo impedir que Puigdemont no sea, a su vez, puesto en libertad y sea investido?

Creo que este ha sido el más grave ataque a la teórica separación de poderes a la vez que el atentado más flagrante a la democracia después del 23F y tan fascista como aquel. Así pudo exclamar la Regente Soraya que “hemos descabezado al independentismo”. Más claro el agua. El gobierno, controlando al poder judicial, ha descabezado a su particular Leviatán. Los autos del TS primero y del TC después, redactados de forma totalmente apodíctica han sido, como consideran los abogados, verdaderas sentencia en causas que ni siquiera se han iniciado y supone la anulación de todos los derechos y garantías. No se queda corto tampoco el ministro de inJusticia Rafael Catalá que el 1 de febrero daba por hecho que los líderes independentistas encausados quedarían inhabilitados en cuanto el juez Llarena, a fines de marzo, tenga terminada la instrucción de las causas y que la sentencia final estaría dictada antes del mes de diciembre. ¿Quién establece los plazos? ¿Quiénes manipulan al TC? ¿Quién dicta las sentencias, pues?

La “Asociación de Juezas y Jueces para la Democracia” que agrupa los jueces españoles de perfil progresista, denunció sin paliativos en un comunicado el 5 de febrero los “contactos de miembros del Gobierno, empezando por su presidente, a magistrados del TC previos a la deliberación sobre la admisión a trámite del recurso interpuesto por el propio Gobierno contra la resolución del Presidente del Parlamento de Cataluña…tales contactos son inadmisibles en un Estado de Derecho y no tienen otro objetivo que tratar de influir en el sentido de la resolución a dictar por el Alto Tribunal” para finalizar diciendo que “Ante las interferencias del poder político en la independencia de nuestros tribunales, ha de ser criticada la inacción y el silencio del Consejo del Poder Judicial”.

No son solo Jueces para la democracia. Amnistía Internacional, a través de su directora para Europa, Gauri Van Gulik, ya había declarado, ante las injustificadas prisiones de los Jordis, que “la prolongación de la prisión provisional constituye una restricción excesiva y desproporcionada de su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica” Por otro lado el abogado británico Ben Emmerson, cabeza del equipo que ha llevado al “Grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias” de la ONU los casos de Oriol Junqueras y los Jordis en una entrevista concedida a TV3 denuncia que “España está volviendo atrás en el tiempo, comportándose como una dictadura, encarcelando a los opositores políticos. Es un desarrollo que da miedo en el entorno europeo y al que se debe poner fin inmediatamente”.

No hay que ir más lejos que ayer, 19 de febrero, para oír al exfiscal del TSJC, Juan Manuel Mena, declarar que “Los Jordis, Junqueras y Forn, son presos políticos. Tengo la certeza de que son presos políticos. Teniendo en cuenta la legalidad vigente, son delitos de comportamiento, intención y objetivo claramente políticos, los delincuentes son políticos y son, por tanto, presos políticos”.

Queda demostrado hasta la saciedad el título de este análisis. Lo corroboran las sucesivas declaraciones de líderes independentistas en sede judicial cuando afirman que la Independencia era meramente “simbólica” con la honrosa salvedad de la exdiputada de la CUP, Mireia Boya, que se reafirmo en que la DUI no fue ni cosmética ni simbólica, sino que buscaba una efectividad real, esa por la que muchos catalanes siguen y seguirán luchando

¡Hispania. Mortuus est Iustitia tua. Imperii timore! ¡España. Tu Justicia ha muerto. Impera el miedo! ¡Espanya. La seva Justicia ha muerto. Hi ha por!

Francisco Javier González

Gomera a 20 de febrero de 2018

Juan Manuel Garcia Ramos copiaJuan Manuel García Ramos

Las sesiones celebradas por la Comisión para la Evaluación y Modernización del Estado Autonómico del Congreso de los Diputados están generando muchos argumentos que ponen de manifiesto algunos de los anacronismos de la llamada Carta Magna

Las sesiones celebradas por la Comisión para la Evaluación y Modernización del Estado Autonómico del Congreso de los Diputados están generando muchos argumentos que ponen de manifiesto algunos de los anacronismos de la llamada Carta Magna. En ese sentido, quizá haya sido la jornada del pasado día 10 del mes de enero, protagonizada por los llamados “padres” de la Constitución que quedan vivos: Miguel Roca, José Pedro Pérez-Llorca y Miguel Herrero de Miñón, la comparecencia más jugosa, pues estos tres ponentes han reconocido, en especial Miguel Roca, que el modelo territorial diseñado por el Título VIII de la CE “está agotado” y que su posible reforma “empezó a fallar con la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010”, que retocó el Estatut catalán después de haber sido aprobado en referéndum”.

Está claro que el problema catalán reclama una respuesta que la CE no ha sido capaz de dar desde la lectura que se ha hecho de ella. Y en este punto habría que preguntarse: ¿existen más lecturas del texto de 1978?

Por supuesto que existen. El derecho de autodeterminación que exigen los secesionistas catalanes está contemplado en la CE, en su artículo 10.2, donde podemos leer: “Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce, se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España”.

Entre esos acuerdos y tratados a los que se refiere ese artículo 10.2. está el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, ratificado por parte de España el 27 de abril de 1977, Pacto donde en la Parte I, artículo 1, se dice: “1) Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural;

3) Los Estados Partes en el presente Pacto, incluso los que tienen la responsabilidad de administrar territorios no autónomos y territorios en fideicomiso, promoverán el ejercicio del derecho de libre determinación, y respetarán este derecho de conformidad con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas”, firmada el 26 de junio de 1945 en San Francisco.

Y si ese derecho está implícito dentro del texto constitucional, también debería de existir un instrumento que lo viabilice y ese instrumento no sería otro que la fórmula del refrendo público.
Hasta hoy no hemos leído interpretaciones de autoridades académicas o jurídicas que reconozcan la presencia de este derecho de autodeterminación en la CE. En consecuencia, tampoco nadie ha propuesto la posibilidad de activar la salida del referéndum pactado entre el Estado y uno de los pueblos, nacionalidades o naciones subestatales que lo conforman. Una salida que equivaldría a lo que otros Estados democráticos han usado civilizadamente: vayamos al caso del Reino Unido y Escocia o al más socorrido de Canadá y Quebec, por citar los ejemplos más a mano y más recientes.

Los 2.063.361 sufragios secesionistas del 21 de diciembre de 2017 en las elecciones catalanas, 96.853 más que en los comicios de 2015, lo que manifiesta una evidente fidelización de esa opción política, merecen desembocar en un trato menos despótico por parte del Estado, acaso en un referéndum pactado orientativo y no necesariamente decisorio para una desconexión del pueblo catalán de España. A nuestro entender, esos cauces habría que explorarlos para fortalecer un trato recíproco respetuoso entre el Estado y una de sus partes.

Miguel Herrero de Miñón en la comparecencia a la que nos hemos referido llegó a afirmar, ante la tesis generalizada de una necesaria reforma de la Constitución, que hay alternativas más allá de esa reforma, como la “mutación constitucional” (¿?), que consiste en mantener los textos cambiando el sentido, un ejercicio de malabarismo jurídico que a nosotros, como filólogos, nos deja más que sorprendidos, pero ahí queda dicho por uno de los “padres” de lo elaborado y aprobado en 1978.

En el caso del derecho de autodeterminación, no creemos que sea necesario poner en práctica esa “mutación constitucional”, tan solo se trataría de leer con atención y rigor el citado artículo 10.2 y reconocer lo que en esa Ley Fundamental se dice, lisa y llanamente. A lo mejor, con esa sencilla lectura se encuentra un cauce para que el procés catalán encuentre el hilo para salir de las peligrosas encrucijadas de su laberinto.

*Diputado del Parlamento de Canarias y catedrático de Filología Española de la Universidad de La Laguna

Domingo GariDomingo Garí

Lawfare es un término relativamente nuevo compuesto por la unión de dos palabras inglesas, law y warfare (ley y guerra) y de eso trata.

La lawfare fue definida en términos de estrategia militar en 1999, con el fin de ganar una guerra con métodos no convencionales, haciendo de la ley el principal campo de batalla. En 2001, el general norteamericano y profesor de derecho Charles Dunlap, la renovó para adaptarla como herramienta de acción política injerencista, principalmente en Latinoamérica. Consiste en hacer un uso abusivo e indebido de las leyes para obtener ganancias políticas o militares. Enmarcada en las historias de la intrusión norteamericana en América del sur, puede ser también entendida como una acción imperialista que no necesita intervención militar. En la acepción de Dunlap se le añade una ofensiva mediática como elemento complementario de la operación.

La combinación de la guerra mediática y la guerra jurídica se ha convertido en la principal apuesta de las derechas en Latinoamérica y en España. En el caso brasileño, por ejemplo, el uso de la judicatura contra los gobiernos del PT ha resultado esencial para volver a darle el poder político a la derecha. Las maniobras del poder judicial han sido ampliamente publicitadas con la ofensiva mediática y la posverdad, para demoler los apoyos de la presidencia Dilma/Lula. En el caso español, en especial en lo referido al conflicto en Cataluña, los grandes medios de comunicación no nos sirven información seria y profesional, sino que usan su enorme influencia para hacer periodismo de guerra, y ya se sabe que en la guerra la primera víctima es la verdad. El uso indebido del poder de los medios masivos de información convierte el debate en democracia en papel mojado.

La estrategia con los medios masivos, en manos de la oligarquía o de los grandes grupos financieros, se ha complementado con el uso partidista del poder judicial. En este poder, en el que no tienen que dar cuentas democráticas, se han consolidado de siempre las clases dominantes. El poder judicial es una verdadera trinchera de los sectores reaccionarios, cuya legitimidad no deriva de la voluntad popular, sino de estrategias corporativas y designaciones políticas no neutrales y contaminadas. En las democracias instauradas en los años años ochenta del siglo pasado (Brasil, España y otras), en los poderes judiciales, se emboscaron elementos procedentes de las dictaduras, a los que se sumó personal nuevo de perfil ideológico conservador o ultraconservador.

Las instancias judiciales y sus órganos de gobierno en estos países han servido para corregir un “exceso” de democracia. En el caso brasileño ayudó a terminar con las políticas expansivas y redistribuidas de los gobiernos nacionalistas y de izquierda de la década pasada. En el caso español se ha usado para restringir la libertad de expresión en los órdenes de la moral y la política. Los sectores extremistas de la iglesia, muy vinculados con la derecha española, recobran un protagonismo que no tenían desde los momentos finales del franquismo. En el plano político, el uso combinado de la guerra mediática/judicial logra su verdadera plenitud con el asunto de Cataluña. El atrincheramiento en la judicatura de elementos de dudosa filiación democrática, hace posible un uso disparatado del código penal español. Además, vemos cómo se aplica un doble rasero permanente en las decisiones judiciales.

Tomando prestadas algunas ideas señaladas por Emir Sader, complementadas con algunas propias, resumo la lawfare de la siguiente manera: 1- Manipula el sistema legal con fines políticos. 2- Hace un uso abusivo del derecho para lastimar la reputación del adversario, promocionando acciones judiciales con el objeto de desacreditar socialmente al encausado. 3- Promueve un uso coactivo del derecho, que ya no trata de regular el conflicto sino de ser él mismo ejecutor de decisiones políticas. 4- Promociona masivamente su acción, merced a la connivencia de los grandes medios de comunicación en la ejecución de su estrategia. 5- Bloquea y acota el derecho de defensa de los encausados, aplicando decisiones restrictivas de los códigos y normativas que rigen los procesos.

Alvaro Martin Corujo copiaÁlvaro Martín Corujo

Desde el Colectivo de Escuelas Unitarias de la Zona Este de la Palma queremos difundir los valores con los que estamos comprometidos desde hace mucho tiempo no solo los maestros y maestras sino todas las Comunidades Educativas de nuestros centros. En ellas están representados también los ayuntamientos en donde están nuestras escuelas.

¿Cuáles son esos valores? Puestos, a modo de eslóganes, en boca de niños, padres, maestros y demás miembros de esa comunidad:

“Descubre un lugar donde todos aprendemos juntos y unos de otros. Descubre un lugar donde nuestros padres sienten un trato cercano. Descubre un colegio donde el aprendizaje está ligado al medio cercano. Descubre un colegio con buenos equipamientos, un colegio con buen acceso a las Nuevas Tecnologías. Descubre un colegio donde se trabaja con el medio natural y social cercano. Descubre un colegio que no está solo, está con 22 colegios más de la zona este de la Isla. Descubre un colegio en el que aprendemos a convivir, a socializarnos, ser solidarios, no en vano hay compañeros más pequeños a los que ayudamos y compañeros más grandes que nos ayudan y todos juntos avanzamos junto al maestro o maestra.

Descubre una escuela a la que puedes acudir en cualquier momento. La encontrarás en la Escuela Unitaria que funciona más como una familia en la que todos nos apoyamos y en la que cualquier miembro de la Comunidad es bien recibido a cualquier hora.

Descubre en la Escuela Unitaria un sistema de ayuda entre los niños mayores y los pequeños potenciado por los maestros que he visto que da muy buenos resultados, además de hacer a los niños más solidarios.

Descubre una escuela donde niños y niñas son tratados según sus problemas, personalidad, forma de ser, etc. por parte del maestro y además también hay una ayuda y colaboración entre todos los alumnos para que esta forma de trabajar sea tan positiva y tenga consecuencias en el aprendizaje de todos y todas.

Descubre una escuela donde la educación es más natural ya que funciona como cualquier grupo humano en el que nunca todos son de la misma edad.

Descubre una escuela del barrio que da una educación de calidad y prepara a los niños y niñas para una vida solidaria, porque se acostumbran a ayudarse entre ellos para aprender y porque las actividades educativas fuera del centro siempre tienen ese componente de solidaridad.

Descubre una escuela que se preocupa porque los niños y niñas conozcan su medio cercano y las tradiciones de sus abuelos, conozcan labores agrícolas y cómo se salía adelante en las casas.

Descubre una escuela que ha sido premiada por las instituciones por su buena labor en las medianías canarias.

Descubre una escuela donde se trabaja con las nuevas tecnologías. El trabajo diario en clase se apoya muchas veces en ordenadores, pizarras digitales, etc. y los maestros intentan hacer cosa nuevas.

Descubre una escuela que hace un gran trabajo en el rescate y divulgación de tradiciones, como el trabajo, por ejemplo, que se hace en las Romerías del Día de Canarias que han recorrido la geografía insular.

Descubre una escuela adaptada a su entorno, donde el alumnado aprende a valorar y usar los recursos naturales que les rodean.

Descubre una escuela adaptada a su medio rural, a la vez que una escuela que está en consonancia con la nueva era digital en la que vivimos.

Descubre una escuela que se preocupa por enseñar a valorar y respetar nuestras tradiciones. Sin duda la Escuela Unitaria es esa escuela que trabaja para fomentar esa cultura.

Descubre en definitiva un buen lugar donde se puede educar de una forma diferente.”

Mayte RuizMaite Ruíz 

En el Día Mundial de la Acción Frente al Calentamiento Terrestre, lamentamos la apuesta del gobierno en minoría de Coalición Canaria por imponer el gas en nuestra tierra.

La ONU ha designado el 28 de enero como el día clave para la determinación de medidas encaminadas a la reducción de gases de efecto invernadero o el desarrollo de fuentes de energía renovables y sostenibles, todo ello encaminado a revertir el cambio climático a que estamos abocados y que llama a nuestras puertas. (No olvidamos la crisis de las microalgas de este pasado verano y la continua referencia del gobierno al cambio climático como causante de los blooms, como si fuéramos impotentes ante ello).

La UE este pasado 17 de enero aprobó, con tibieza, la política energética europea para las próximas décadas, para contribuir a la lucha contra el cambio climático. El Parlamento europeo apuesta porque las energías renovables supongan un 35% de la energía que se consuma (aunque las comisiones europarlamentarias de medioambiente y energía aprobaran un porcentaje mayor). La tibieza de la actitud del Parlamento europeo no es solo por la reducción de este porcentaje, sino también porque se han negado a adoptar fechas vinculantes para los Estados miembros. En la práctica, esto va a suponer que los gobiernos como el de España (y el autonómico de Canarias) que defienden políticas neoliberales y que están al servicio de las grandes empresas del IBEX35 y los lobbies energéticos, hagan que estos objetivos y los compromisos de la Cumbre del Clima se queden en el papel, convirtiendo en estructural el retraso de nuestro país en el campo de las renovables y la eficiencia energética.

¿Pero qué ocurre con estos acuerdos europeos, con ese 35% de energías renovables?, supuestamente… Supuestamente porque la UE sigue considerando renovable a muchos subproductos de los combustibles fósiles. Así vemos que lo que pretende “enfriar” por un lado, lo “calienta” por el otro. Y es que la Comisión Europea ha propuesto invertir 873 millones de euros en proyectos europeos de infraestructuras energéticas “limpias”, pese a que 193 de esos millones son para proyectos de gas natural, uno de los principales causantes del cambio climático (es considerado un “gas de efecto invernadero potente” debido a que es 23 veces más eficaz para atrapar calor dentro de la atmósfera que el CO2, según la organización Globalmethane).

¿Es el gas la energía que necesitamos en un contexto de calentamiento global? El gas es un combustible fósil y debe permanecer, como el carbón y el petróleo, bajo tierra para cumplir los compromisos de París.

¿Por qué se adoptan estas decisiones en la política energética europea? Tal vez la respuesta esté en que quien se encarga de hacer la planificación de las infraestructuras de gas necesarias para atender la demanda futura sea un organismo denominado ENTSO-G, coalición europea de operadores de transporte de gas, integrada por empresas que luego serán las encargadas de construir dichas infraestructuras, entre las que se encuentran las españolas ENEGAS y REGANOSA.

¿Se necesitan estas infraestructuras? Pues no, la demanda europea ha caído un 20% entre 2010 y 2016 y, además, el sistema gasista español está sobredimensionado, siendo el cuarto país en capacidad de regasificación, con plantas que funcionan al 40% de su capacidad; hay centrales de gas de ciclo combinado la mayor parte del tiempo paradas. Pero aunque las proyecciones de consumo fueron exageradamente optimistas, el sistema nacional gasista retribuye las inversiones aunque la infraestructura no se utilice o resulte fallida… dando lugar a indemnizaciones como las del almacén Castor, que ha generado un déficit que pagaremos durante las próximas décadas las usuarias en nuestra factura del gas.

Las empresas del gas necesitan abrir mercado y han fijado sus ojos en Canarias, un territorio virgen en el que pretenden crear una necesidad que no tenemos. Para crear esta necesidad, con la complicidad de nuestro gobierno regional, se inventan una “transición energética” imponiendo el gas en nuestro territorio, enormemente alejado de la fuente más cercana de gas conocida, pretendiendo aumentar nuestra dependencia energética, para el beneficio privado de unas pocas empresas.

En este contexto, no sorprenden las  declaraciones del consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias en minoría defendiendo la legalidad de la adjudicación de la canalización y redistribución del gas a la empresa Redexis, recientemente galardonada por el Banco Europeo de inversiones con un suculento préstamo de 125 millones de euros firmado por esta empresa privada ante su servil presencia.

No ponemos en duda la legalidad del procedimiento iniciado, por supuesto, ni de la normativa de aplicación, sobre todo porque ya sabemos que se confeccionan a medida de los lobbies, integrados en ENTSO-G,  que dominan una política energética europea que llega en cascada hasta nuestro ámbito local.

Podría sorprender, eso sí, que esta apuesta decidida por el gas y este apoyo a la empresa adjudicataria por parte del gobierno de Canarias se realice pese a que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia pusiera en duda la idoneidad de acometer una infraestructura de regasificación en Granadilla de Abona. Solicita la CNMC mayor información sobre aspectos claves para su viabilidad tales como el mercado que abastecerá o la previsión de demanda, máxime por el desarrollo de fuentes de energía renovables y que la ciudadanía no ha salido a la calle demandando gas.

Quizá se espera que, aunque no sea una inversión rentable, un nuevo “efecto Castor” en Canarias proporcione mucho más beneficio a la empresa que el suministro de un gas para el que no existe una clara demanda… Porque ahí tenemos la foto de todo un consejero de Energía de Canarias en un acto supuestamente privado entre una entidad financiera y una empresa privada…lo que suscita dudas sobre el sentido de su presencia en tal acto, dudas razonables vista la práctica de los gobiernos liberales como el de CC, de privatizar lo que produzca beneficios y colectivizar las deudas.

Indigna  leer las declaraciones del consejero hablando del gas como imprescindible para la “transición a energía renovables” una transición inventada por intereses meramente empresariales que no públicos. Un reciente estudio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria publicado en la revista Energy (8 de noviembre de 2017) afirma que la instalación de centrales de energía eólica marina en el 12% de la superficie de las aguas canarias podría suministrar hasta 22 veces la energía que consumimos. Alemania, con excedente energético procedente de centrales fotovoltaicas ya quisiera tener las horas de insolación de Canarias. La energía geotérmica y la motriz de nuestro mar apenas están exploradas. Una apuesta decidida por las renovables no requiere transición de ningún tipo.

La implantación del gas en Canarias no es una fuente energética renovable, no es sostenible, es cara, no contribuye a paliar la pobreza energética y nos hace aún más dependientes. Avergüenza un gobierno en minoría que se autoplocama nacionalista y que lo que hace es vender nuestra soberanía, en este caso energética, al mejor postor.

Queremos ver a esos partidos que se autoproclaman nacionalistas, en lugar de defender a Rato o facilitar la aprobación del techo de gasto de Montoro, apoyando sin ambages las enmiendas de Unidos Podemos al Estatuto de Autonomía dirigidas a consagrar desde su artículo 1, la protección del medio ambiente de las islas como “tarea suprema” en las competencias de nuestra comunidad autónoma.

La ciudadanía canaria no quiere gas, lo ha manifestado por escrito y razonadamente en cientos de alegaciones contra la instalación de las redes de distribución en los municipios donde se pretende iniciar este suministro. Pero si nuestros y nuestras representantes públicos hacen oídos sordos no dudaremos en tomar las calles para gritar alto y claro “¡Canarias Sin Gas!”


Secretaría de Mundo Rural, Medio Ambiente y Territorio de Podemos Canarias

Foto Chema Hernandez Aguiar 1Chema Hernández Aguiar

En estas semanas en  las que organizaciones políticas de las islas se dividen y fragmentan en torno a miserias, a luchas como las de los que están a favor o en contra de tal o cual productora que puede ganar el concurso de televisión o perderlo, o esos otros  que se afanan con la la calculadora de votos de cada partido para ajustar la reforma electoral a sus intereses, que no a un justo ejercicio de la soberanía popular, y  sin que todo lo anterior y muchas otras cosas más dejen de preocuparme como el empeño en gasificarnos o ese proyecto de Ciudad de  Las Palmas diseñado por la derecha y ejecutado por la izquierda, la del cambio de forma impecable, yo hoy quiero contarles algo.

Hace unos días se premió el Mejor Queso Ecológico que recayó en el queso de cabra y oveja, untado con gofio y elaborado con mezcla de cuajos de Mónica Rodríguez. No conozco a la artesana personalmente, pero he podido leer lo que ha publicado en su muro de facebook días más tarde de obtener el premio y  anunció lo siguiente:

“Buenas tardes: recibido el premio al mejor queso ecológico de Canarias 2017, he decidido abandonar la actividad por inviable en Canarias, pregúntense por qué los quesos foráneos son mucho más baratos que cualquiera de los locales y quienes lo hacen posible y sabrán la respuesta. un saludo fraternal desde la montaña.”

Ya está bien, carajo

La colonia es cada sol más irrespirable, insoportable, se llena y llena de mugre y avaricia, de sinsentidos, poco a poco empujan  y empujan a los canarios, a los jóvenes y no tan jóvenes fuera de las islas, a los que se quedan les resta el apartheid, las reservas valladas de los barrios de la periferia de la periferia.  Mientras se llenan las bembas de soberanía alimentaria, energética, de proteger al sector primario, a comer queso subvencionado por el REA.

Aquí dejo algunas cifras, aportadas por COAG Canarias

3,1 Por cada tonelada de productos agrícolas y ganaderos que Canarias exporta se importan 3,1.

33% La producción agrícola de las Islas representa apenas una tercera parte de la que se consume.

60.000 El censo de cabras y conejos se redujo en 60.000 cabezas en tres años, según datos de 2011.

2,26 Los productores canarios reciben un euro por cada 2,26 que pagan los consumidores sin que repercuta en éste.