IMG 20171025 WA0005Luis Piernavieja de Intersindical Canaria informa del inicio del conflicto La totalidad de organizaciones sindicales presentes en la mesa general de empleados públicos (Intersindical Canaria, Sepca, CCOO, Cobas, UGT, CSIF y FSES), que integran la Mesa general de Empleados Públicos de Canarias, han abandonaron la mesa de negociación, dado la falta de voluntad de negociación manifestada por la administración haciendo oídos sordos a las reivindicaciones de mejora para el empleo público, que también redundarían en la mejora de los servicios públicos.

 

Con  ésta forma de proceder, demuestran la falta de respeto hacia los empleados públicos y sus representantes, así como  la falta de  interés que tienen en mejorar los servicios públicos. Para todos los sindicatos el actual gobierno, se jacta de anunciar a diario una recuperación económica que no termina de verse reflejada en el sector público, ni en la calidad de la prestación de servicios ni tampoco en la recuperación de derechos perdidos  desde los distintos Gobiernos, para hacer frente a la crisis económica.

             Mientras el señor Clavijo  insiste en vender a la opinión pública  una mejoría económica, Canarias se sitúa con personas en riesgo de exclusión social (44,7 %), con un índice de paro que se acerca al 26% , con una población  que ve sus procesos de enfermedad cronificados gracias a las interminables listas de espera sanitarias, y con un nivel de abandono escolar que supera con mucho las de la media del Estado español, con un inaceptable incumplimiento de la Ley de dependencia que obliga al ciudadano a estar hasta 4 años para que le sea concedida dicha prestación económica, con nefastas políticas sociales  materializadas en el abandono institucional de menores , y un largo etc que coloca a nuestro archipiélago en una situación de grave fragilidad.

            Los representantes de los trabajadores públicos denuncian que los empleados públicos no sólo han visto reducidas sus retribuciones mermando el poder adquisitivo, sino que a base decretazos e imposiciones se les han recortado multitud de derechos laborales, que a pesar de la mejoría económica anunciada por el gobierno no se ven recuperadas. Muchos de estos derechos suspendidos son tan básicos, como que se mantienen la suspensión de compra de ropa de trabajo  para determinados empleados  públicos, lo cual parece inadmisible. El incremento de la jornada de trabajo que  lleva consigo un importante recorte de personal lleva apareado se hayan aumentado las cargas de trabajo, llegando en ocasiones a tener que desarrollar la actividad profesional en condiciones impensables.

            Una de las fatídicas consecuencias del decretazo de Rajoy supuso la criminalización de la enfermedad de los empleados públicos, castigando duramente al empleado público que enferma, lo cual no se había producido jamás en la presente etapa democrática. El Gobierno de Canarias hizo de esta medida un perfeccionamiento maquiavélico, pues han creado un servicio de inspección médica que no existe en ninguna otra comunidad del Estado español.