15.4.2019

1548830465979kAbel Ramos, Dolores Pérez, Cati Darias, Ruymán Pérez, Coralia Lobato, Alberto Castañeda y Carmelo Gil

Miembros del Secretariado Nacional de Salud de Intersindical Canaria ofrecieron una Rueda de Prensa en la que enumeraron uno tras otro, los incumplimientos, mentiras, recortes, mala gestión y desmantelamiento al que el actual Consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias y su equipo han sometido a la sanidad pública canaria.

Tras una exhaustiva exposición de la situación actual, Abel Ramos, Dolores Pérez, Caty Darias, Ruymán Pérez, Coralia Lobato, Alberto Casteñeda y Carmelo Gil, miembros del Secretariado Nacional de Salud de Intersindical Canaria, concluyeron que: "La alternativa es sólo una: No existen ni vamos a aportar fórmulas mágicas más allá de la adecuada dotación presupuestaria, con la reversión de los recortes de recursos humanos y materiales y una gestión y planificación basada en la leal defensa de lo público y sus trabajadores. La única forma, siempre desde la perspectiva de clase, de defensa de lo común y de garantes del derecho fundamental a la salud de la ciudadanía, y constatando que nunca ha existido tanta unanimidad social al respecto de la temeridad de este Gobierno de Canarias y su Consejería, y ante el riesgo inminente que el desmantelamiento de la Sanidad Pública Canaria llegue a un punto de no retorno, afirmamos que lo mejor que pueden hacer junto con sus equipos directivos por el bien de la ciudadanía canaria es, marcharse". .

CONTENIDO DE LA RUEDA DE PRENSA

 

    Desde el año 2009, el Gobierno Canario, como alumno aventajado del gobierno del estado español incide en la aplicación de medidas de recorte presupuestario a los Servicios Públicos y fundamentalmente sobre una ya devastada sanidad, las cuales continúan afectando de forma drástica al conjunto de la población Canaria. Con mayor perversidad, fue a través del Decreto 20/2012 de 13 de julio, denominado eufemísticamente: “de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad”, con el que se hizo tabla rasa a los derechos sociales y laborales en un afán neoliberal de desmantelamiento, dentro de la estrategia de la crisis capitalista inventada que, a través de sus gobiernos cómplices, no ha hecho otra cosa que incrementar la privatización de los Servicios Sanitarios, aumentando cada año los recursos públicos con destino a la sanidad concertada, mientras simultanean el desmantelamiento deliberado de la pública, sometida a restricciones de recursos humanos y materiales, hasta generar el deterioro que lleva aparejado, no sólo las insufribles listas de espera, ni el caos en los Servicios de Urgencias, sino la fatal consecuencia de convertir, a la Canaria, en la sociedad más enferma, ya que su derecho fundamental a la salud está secuestrado en función de recibir el peor servicio sanitario del conjunto del estado español. Precisamente es en la nación canaria donde esta situación convive con los peores indicadores socioeconómicos (Pobreza, paro, bajos salarios, cesta de la compra más cara…) y es absolutamente necesario el fortalecimiento de los Servicios Públicos para mantener la equidad. Lejos de aplicar correctas políticas de inversión y gestión, este gobierno insiste en el desmantelamiento de un servicio fundamental para justificar así su progresiva privatización.

    Con los Presupuestos recientemente aprobados, el Gobierno de Canarias y su Consejería de Sanidad, vuelven a mentir al tiempo que hacen alardes publicitarios de recuperación económica. En ellos comprobamos que, especialmente los usuarios de la Sanidad Pública y sus trabajadores siguen siendo castigados. 

La situación de la Atención Primaria, de los Servicios de Urgencias y las Listas de Espera como principales indicadores del deterioro

    Las décadas de desgobierno, precipitadas por esta Consejería, a la que acertadamente definimos desde el primer momento como el “Caballo de Troya” de la sanidad privada, se expresan en estos tres factores, principalmente, que son sintomáticos y se retroalimentan.

    Una espera de hasta nueve días para cita en el médico de cabecera, acompañada además del estrangulamiento de la Atención Primaria como primer nivel asistencial, donde los profesionales no pueden hacer actividades de promoción de salud y prevención de la enfermedad por la falta crónica de recursos humanos, bien puede constituir el primer eslabón de la cadena de despropósitos, de la carencia de recursos y de gestión. Eso sí. Invertir en campañas publicitarias para terminar de colapsar el sistema, sin previamente dotarlo de medios y haciendo recaer la responsabilidad de su mala gestión sobre el ciudadano, si lo consideran una acción conveniente.

    Esta situación, junto a la falta de camas de agudos en los hospitales de segundo y tercer nivel, así como, la falta de planificación e inversión en camas sociosanitarias, llevan, per se, al colapso de los Servicios de Urgencias. Situaciones como las vividas durante estas semanas, que se repiten año tras año, y que afectan al conjunto de servicios de Urgencias de los hospitales de segundo y tercer nivel en la nación Canaria. Cuando hablamos de colapso de éstos servicios, hablamos de entre 3 y  9 horas de demora hasta ser atendidos, hablamos de pacientes que permanecen durante días a la espera de una cama de hospitalización, hablamos de la suspensión de intervenciones quirúrgicas programadas … No se puede simplificar afirmando que los ciudadanos hacen un mal uso de los recursos sanitarios. Todo ello, con una plantillas por debajo de los ratios establecidos para la media del estado español y con falta de medios materiales. Frente a esto, la improvisación frente a algo que se repite año tras año, se impone a la adecuada gestión y planificación y pasa por la creación de más y más apartaderos donde esconder a los pacientes. O a la suspensión de intervenciones quirúrgicas programadas, hecho que, además de empeorar el estado de salud y el sufrimiento de los pacientes, hace que se incrementen las listas de espera.

    Las listas de espera, tanto para pruebas diagnósticas, como para especializada, como las quirúrgicas, recientemente publicadas y una vez más con datos numéricos maquillados en base al “truco” del cierre de agendas, constituyen el reservorio del gran negocio de la sanidad privada que, lejos de ofrecer camas para procesos médicos, o por acuerdo con la Administración, realiza más de un 30 % de la intervenciones quirúrgicas de menor complejidad y menor riesgo de fracaso asistencial. Claro está que, de producirse, serían atendidos en la Sanidad Pública. Estamos en condiciones de afirmar que, este gobierno y su consejería, dedican más recursos a manipular los datos reales de la deteriorada sanidad canaria para venderlos con fines electoralistas, que en hacer una adecuada gestión de los problemas. Principalmente estos tres factores son los que potencia en negativo la consejería en lo que podríamos denominar el círculo diabólico del deterioro integral del sistema y de la salud de la población.

    Y es que, ni sus propios planes, presuntamente consensuados, y ratificados en sede Parlamentaria, como el PLUSCAN, son capaces de aplicarlos.

En el plano laboral, más mentiras

    Por si alguna persona había llegado a creer que este era el año de la recuperación de los derechos laborales de los más de 24.000 empleados públicos de la Consejería de Sanidad, comprobarán que es una farsa más. Como adelantábamos, la recuperación de la jornada de 35 horas, acompañada, por supuesto, de la recuperación del número de trabajadores necesarios para que los ratios de personal se mantengan en relación con la población asistida y se pueda mantener la asistencia sanitaria en horarios de mañana y tarde, y la devolución a los trabajadores de las horas realizadas por encima de la jornada legalmente establecida (Unas 100.000 horas), ha supuesto un auténtico timo, porque, en el sucedáneo de acuerdo firmado por el Gobierno de Canarias con sus fuerzas sindicales afines, y llevado más tarde a los presupuestos, queda condicionado al uso de un superávit, ahora de dudosa existencia.

    De otras cuestiones como las ayudas de acción social o la carrera profesional para el personal temporal es que ni se habla. Y es que sufrimos en la Sanidad Pública Canaria los peores salarios con las mayores cargas de trabajo.

    Mientras, esta Consejería se empeña en mantener secuestrada la negociación colectiva, pasando de los ámbitos que legalmente le corresponden, a pactar en inventos como el denominado Compromiso por la Sanidad, cuando no son capaces de “comprometerse” ni en el cumplimiento de lo que establece la legislación vigente.

    En materia de Prevención de Riesgos Laborales (PRL), también la Consejería de Sanidad hace dejación de responsabilidades. La tan demandada y necesaria dotación de Técnicos en PRL, no está identificada en la planificación de la nueva OPE, consiguiendo, con ello, mantener la precariedad de los Servicios de Prevención propios del SCS, justificando así la derivación de las evaluaciones de puestos de trabajo a empresas externas.

Paralelamente, insisten en la propaganda electoralista publicitando una nueva e improvisada macro oferta de empleo, cuando no se ha concluido la del año 2007 y que, además de estar incompleta, no aportará un solo nuevo efectivo a las depauperadas plantillas del SCS, que recordemos, se encuentran muy por debajo de los ratios del conjunto del estado.
    
El comportamiento obstruccionista del Gobierno en la demanda de los Conciertos Sanitarios

El último paso del cual hemos tenido conocimiento en relación con la demanda por los conciertos sanitarios, es que, tras haber dado en el mes de noviembre de 2018, veinte días de plazo a la consejería de Sanidad para que aportara el expediente, no lo ha hecho, por lo que, el TSJC requiere al Gobierno, bajo amenaza de sanción, a que aporte el expediente 

Con fecha 13 de noviembre de 2018, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), reclamó a la Consejería de Sanidad para que, en el plazo de veinte días aportara el expediente administrativo relativo a la demanda contra los conciertos sanitarios entre el Servicio Canario de Salud y la sanidad privada, presentada por Intersindical Canaria. Ante el comportamiento obstruccionista de la Administración, vuelve ahora a requerir a la Consejería de Sanidad que complete el expediente, esta vez, bajo apercibimiento de multa.

Hay que recordar que el 11 de mayo de 2018,  la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC declara su competencia para la tramitación de la demanda presentada por Intersindical Canaria contra los conciertos sanitarios, los cuales se han mantenido fuera de la legalidad vigente, incumpliendo los principios comunitarios de transparencia y publicidad previstos en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, constituyendo una vulneración del plazo cierto del contrato. Tras las sucesivas solicitudes presentadas por Intersindical Canaria, ahora el Gobierno ha comenzado, tras años de irregularidades, a sacar a licitación algunos de los servicios prestados a través de estos Conciertos que a día de hoy, se mantienen  con entidades privadas desde la época de la dictadura franquista (hace 59 años).

El impacto económico que tiene esta política de conciertos en el presupuesto público, supuso en el año 2017,  269.242.408 euros, cifra ésta que vuelve a aumentar en el año 2018. En paralelo, se produce un incremento superior al 47% en las concertaciones destinadas a la empresa San Roque, de la cual procede el actual Consejero. Así, el modelo sanitario que se ha seguido en Canarias en los últimos 30 años, coloca a nuestra nación a la cabeza de la actividad concertada del estado español. De los hospitales del Archipiélago, el 51% (22) pertenecen al sector privado, y de ellos 16 están concertados. La media del estado español en cuánto a camas sanitarias privadas se sitúa  en un 6,88% por cada 10.000 habitantes y en Canarias llegamos a un porcentaje de 14,30%. 

El proceso jurídico previo a la demanda se inició el día 12 de junio de 2017 con la presentación de solicitudes para que se acordase declarar extinguidos los conciertos sanitarios suscritos por expiración del plazo contractual de, entre otras, las siguientes entidades: VITHAS Hospital Santa Catalina, Clínica San Roque, Ciudad San Juan de Dios, Hospital Quirón Tenerife – antes Clínica “La Colina”, Clínica “San Juan de Dios”, Hospitén Bellevue y Hospitén Sur; removiendo de oficio cualquier obstáculo para el cese inmediato de la actividad que pudieran llevar a cabo las entidades indicadas.

Ante el silencio administrativo, se presentaron recursos administrativos previos que tampoco fueron resueltos por la Consejería, llevándonos a la presentación de la actual demanda que tramita el TSJC.

 

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